La discapacidad no es un problema individual ni una cuestión de asistencia; es una responsabilidad del Estado y una cuestión de justicia social.

Hay algo fundamental: la Ley de Emergencia en Discapacidad no puede ser el punto de llegada de nuestra propuesta. Tiene que ser el piso desde el cual construir una política pública integral, con presupuesto, planificación, participación de las personas con discapacidad y controles para que los derechos se cumplan efectivamente.

Hay que planificar tanto la continuidad de las respuestas urgentes como una política estructural que no dependa de vivir permanentemente en emergencia.

Preguntarnos ¿qué derecho estamos garantizando y qué barrera concreta estamos eliminando?

Porque la justicia social en discapacidad no se mide por la cantidad de programas anunciados, sino por los derechos que efectivamente llegan a la vida de las PCD ( personas con discapacidad )

Y para que esta propuesta tenga identidad política, no debería quedarse en volver a un Estado que cubra las necesidades básicas. Tiene que proyectar un Estado que garantice igualdad real, autonomía, participación y ciudadanía plena.

Ese es el salto entre administrar la emergencia y construir una política de derechos.

Las Personas con Discapacidad no necesitan de lastima ni favores.

Las Personas con Discapacidad tienen Derechos y el Estado, en sus tres niveles tiene que trabajar arduamente para dar respuestas inmediatas a cada Derecho que les corresponda.

Así y solo de esta manera se podría hablar de una Sociedad construida bajo la perspectiva en Discapacidad y de Derechos Humanos.