La caída sostenida del poder adquisitivo y el fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos provocaron que el endeudamiento de las familias argentinas trepara a cifras que no se visualizaban desde la crisis de 2001, afectando con mayor dureza a los trabajadores en edad activa.
El impacto sobre la economía doméstica alcanzó registros preocupantes durante el mes de julio, impulsado de manera directa por la pérdida salarial acumulada y el encarecimiento de los servicios esenciales. Según se desprende del último informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la morosidad en el sector financiero trepó hasta el trece por ciento, un nivel histórico que únicamente encuentra antecedentes negativos en el colapso financiero de principios de siglo. Por su parte, la situación en el segmento no financiero, que incluye las deudas contraídas a través de billeteras virtuales y otros proveedores, escaló hasta alcanzar un alarmante treinta y tres coma nueve por ciento, superando incluso los registros más críticos experimentados durante la etapa de la pandemia de COVID-19.
Este marcado deterioro en las capacidades de pago de los ciudadanos responde principalmente a la significativa brecha generada entre los ingresos formales y la evolución de los gastos fijos cotidianos. Desde el inicio de la actual gestión nacional, la masa de ingresos reales que perciben los trabajadores registrados y los jubilados experimentó una merma acumulada del ocho coma tres por ciento, mientras que el salario de los empleados formales acumula un retroceso constante del catorce coma tres por ciento desde noviembre de 2024. En contrapartida, los costos de los servicios públicos experimentaron subas monumentales en el mismo período, destacándose el incremento del gas con un dos mil setenta y uno por ciento, el transporte con un mil cuatrocientos cuarenta y dos por ciento, el agua con un quinientos cuarenta y cuatro por ciento y la energía eléctrica con un trescientos noventa y tres por ciento, dejando muy atrás el incremento salarial promedio medido por el INDEC.
Frente a este complejo escenario de ingresos deprimidos y tarifas en alza, las familias debieron recurrir de manera sistemática al endeudamiento con el único propósito de sostener el nivel básico de consumo y postergar los efectos más crudos del ajuste macroeconómico. El informe detalla que el fenómeno impactó de lleno sobre la población económicamente activa, concentrando el setenta por ciento de los deudores irregulares en el rango etario que va de los veinticinco a los cincuenta y cuatro años, con especial incidencia en los jefes y jefas de hogar. Asimismo, el análisis económico demuestra una correlación directa entre los niveles salariales de cada jurisdicción y la morosidad, siendo las provincias con haberes más retrasados respecto a la media nacional las que exhiben los índices más elevados de incumplimiento en sus compromisos financieros.
