El Observatorio de Políticas para Campana advirtió formalmente sobre un ocultamiento sistemático en la administración de las cuentas públicas del distrito, fundamentando su postura en los resultados del último Informe de Transparencia Fiscal Municipal presentado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Esta entidad de carácter técnico evalúa de forma semestral el grado de visibilidad que los ciento treinta y cinco distritos bonaerenses otorgan a sus realidades financieras dentro de los sitios web oficiales, catalogando en esta oportunidad la gestión de la intendencia local bajo la calificación de nula exposición de datos debido a un puntaje de apenas cinco unidades sobre la escala ideal.

Ante el panorama descrito en el documento institucional, los referentes del espacio vecinal exigieron explicaciones urgentes a las autoridades comunales. La diputada Soledad Alonso encabezó el reclamo señalando la marcada diferencia que existe con otros puntos de la provincia de Buenos Aires, argumentando que la estadística oficial evidencia una disparidad escandalosa, dado que sesenta y cuatro comunas alcanzaron un cumplimiento estricto con un desempeño ideal, mientras que Campana quedó estancada en la base del escalafón global e integrada de forma directa en el grupo que reúne a los veintidós peores desempeños de todo el territorio provincial en materia de visibilidad estatal.

Por su parte, el Doctor Joel Vallomy se encargó de detallar los inconvenientes técnicos detectados en la plataforma digital del Ejecutivo, explicando que el Intendente Abella no realizó la carga obligatoria del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2026 y remarcando que el último documento disponible para la visualización de los vecinos data de 2022. En el mismo sentido, el profesional expuso que no se actualizan los reportes referidos a la situación económico-financiera desde hace casi un año, registrándose idéntico atraso en las planillas de ejecución de recursos o en el estado de la deuda pública, por lo cual los únicos cinco puntos obtenidos se deben exclusivamente a la presencia de un enlace digital que conduce a información obsoleta.

La legisladora provincial enfatizó el valor institucional que posee el libre acceso a los datos del Estado, definiéndolo como un derecho amparado por la Constitución Nacional y una herramienta esencial para el control comunitario de la gestión. Al respecto, Alonso manifestó que la determinación deliberada de resguardar los balances desgasta los lazos de la democracia representativa, instando a dejar de lado las campañas de modernización estética para pasar a cumplir con las obligaciones básicas del funcionamiento público.

Finalmente, Vallomy anticipó las próximas medidas técnicas que implementará el observatorio, recordando que el distrito se encuentra adherido a la Ley de Responsabilidad Fiscal y condicionado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, normativas que exigen taxativamente exhibir las planillas presupuestarias junto a sus respectivos anexos. El referente del organismo técnico concluyó exigiendo la regularización inmediata del sistema de carga de datos oficiales bajo la premisa de que gobernar de espaldas a la ciudadanía lesiona gravemente la ética administrativa de la ciudad.