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Incertidumbre en Campana por la privatización de la termoeléctrica local
La oficialización del proceso de venta de la planta termoeléctrica Manuel Belgrano genera un intenso debate en la ciudad sobre el equilibrio entre la eficiencia empresarial y la protección del acceso a la energía como un derecho esencial.
  • Incertidumbre en Campana por la privatización de la termoeléctrica local

    La medida ya contaba con el respaldo del Decreto 286/2025 tras la sanción de la Ley Bases.

La confirmación llegó en un escenario de fuerte peso empresarial. Durante su participación en la Expo EFI, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el avance de un paquete de privatizaciones que busca recaudar divisas y reformar áreas clave como el transporte y la energía. En este esquema, la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicada en nuestra ciudad, ha sido señalada como uno de los activos estratégicos a transferir al sector privado. La medida, que ya contaba con el respaldo del Decreto 286/2025 tras la sanción de la Ley Bases, deja de ser una posibilidad macroeconómica para transformarse en una realidad con impacto directo en el territorio local.

Para Campana, la importancia de esta infraestructura es monumental, ya que no solo aporta 865 MW al Sistema Interconectado Nacional, sino que representa un activo valuado en aproximadamente 300 millones de dólares. La decisión del Gobierno de avanzar con estas operaciones antes de fin de año sitúa a la central junto a otras empresas de gran envergadura como Transener, AySA, Intercargo y Belgrano Cargas. En la zona, la noticia se siente con especial fuerza, ya que la usina funciona como un motor económico que sostiene a una amplia red de empleados directos y contratistas que hoy dependen de la operación de ENARSA.

El anuncio ha despertado una mezcla de expectativas por la posible modernización tecnológica y temores fundados en la estabilidad de los puestos de trabajo. Históricamente, estos traspasos suelen incluir reestructuraciones que afectan el tejido social y el consumo en las ciudades donde se asientan las plantas. Además, existe un debate profundo sobre el derecho al acceso a la energía. Mientras el oficialismo sostiene que la salida del Estado mejorará la eficiencia y eliminará distorsiones fiscales, especialistas advierten que la búsqueda de rentabilidad por parte de nuevos dueños privados podría retirar los amortiguadores estatales que hoy protegen a los usuarios más vulnerables de la región.

El proceso de licitación será seguido de cerca por los principales holdings energéticos del país, dada la relevancia de la central como nodo clave del sistema eléctrico. En Campana, el escenario actual es de una tensa espera. Lo que se define en las esferas de la política nacional empieza a sentirse como una decisión que impactará directamente en el costo de vida bajo la lógica del usuario pagador y en la soberanía de un recurso estratégico que, para muchos, debe ser considerado un bien social esencial para el desarrollo humano.