La mirada del mundo del deporte nacional y de la política institucional se posa hoy sobre los tribunales de nuestra ciudad. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ha sumado a su órbita un nuevo y complejo expediente que apunta directamente contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Hasta el momento, el magistrado concentra la investigación que busca dilucidar quiénes son los verdaderos dueños de una lujosa mansión en Pilar, valuada en veinte millones de dólares y adjudicada a Pablo Toviggino, tesorero de la institución. A este caso, ahora se le añade la investigación por el presunto desvío de unos trescientos millones de dólares, fondos cobrados por la AFA en los Estados Unidos.

La llegada de esta nueva arista a la justicia campanense responde a un pedido expreso del propio González Charvay, al cual hizo lugar la jueza de instrucción Paula Petazzi. La magistrada, que llevaba adelante la causa por fraude tras la denuncia del agente FIFA Guillermo Tofoni, se declaró incompetente y resolvió enviar los expedientes por lavado de activos y uso de sociedades fantasma a Campana. Su argumento fue claro: el supuesto fraude interno en la entidad rectora del fútbol es inescindible de los posteriores actos de blanqueo de capitales, y dividir las causas significaría entorpecer la búsqueda de la verdad y triplicar el riesgo de dictar resoluciones contradictorias.

El núcleo de la acusación investiga un presunto despojo total a las arcas de la AFA. La hipótesis que ahora unifica los expedientes señala que la directiva encabezada por su presidente y el tesorero Toviggino, en presunta complicidad con el empresario Javier Horacio Faroni y Érica Gabriela Gillette, habrían orquestado maniobras de vaciamiento financiero. Para ello, habrían utilizado una sociedad radicada en Estados Unidos, contratada de manera exclusiva para comercializar partidos amistosos y derechos de la Selección Nacional. Según la investigación, esta firma retenía una comisión del treinta por ciento sin justificación alguna, oficiando como puente para canalizar fondos hacia cuentas offshore y evitando que el dinero ingresara a los balances oficiales.

La gravedad de estas maniobras excede las paredes de la histórica sede porteña de la calle Viamonte, motivo por el cual se desestimó el reclamo del querellante Tofoni, quien pretendía que todo se juzgara en la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia entendió que ocultar ingresos millonarios a través de una red internacional de intermediarios financieros generó una posible y severa afectación al sistema tributario argentino y a las arcas del Estado Nacional, impactando directamente en las declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En el entramado de la ruta del dinero también se detectaron giros ajenos a la vida institucional, como una transferencia de cuarenta mil dólares hacia una cuenta a nombre de María Florencia Sartirana, señalada como pareja del tesorero.

A pesar de la acumulación de causas en el juzgado federal de nuestra ciudad, el escenario definitivo aún pende de la decisión de una instancia superior. La última palabra la tendrá la Cámara Federal de Casación Penal, que ya ha convocado a una audiencia para este próximo treinta de marzo entre las partes involucradas y la fiscalía. Serán los jueces Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky quienes finalmente resolverán si el caso que sacude las estructuras del fútbol nacional tramita en Campana o si, por el contrario, la competencia se traslada al fuero penal económico de la Capital Federal.