La propietaria, quien pertenecía a una ONG y colaboraba en el rescate de aves rapaces y loros, revela que recibía aves heridas o en peligro de distintas fuentes, incluyendo autoridades como la Policía y Defensa Civil. Estas aves necesitaban cuidados especializados debido a sus lesiones, y la mujer se encargaba de brindarles refugio y atención médica.

Entre las aves rescatadas se encontraban un gavilán que había sufrido una amputación de ala debido a un disparo, un carancho cuya ala había sido cortada por una trampa en el río, una lechuza con deformidades en las alas, y dos loros, uno de los cuales había pasado décadas en condiciones precarias, en cerrado en un garage sin luz. Según la propietaria, todas las aves tenían documentación veterinaria que confirmaba su estado y cuidado.

La mujer expresa su preocupación por el destino de las aves después de la incautación, señalando que en reservas naturales, si no pueden ser liberadas, a menudo son sacrificadas. Afirma haber cumplido con las solicitudes de las autoridades, pero teme que las aves no sobrevivan si se ven privadas de su atención y cuidado continuos.

En conclusión, la propietaria argumenta que las afirmaciones de las autoridades no reflejan la realidad de la situación. Alega que las aves bajo su cuidado no podrían ser liberadas debido a sus mutilaciones y que ha dedicado esfuerzos significativos para garantizar su bienestar. Su principal preocupación radica en el destino de estas aves en el futuro.