La actividad en los tribunales federales de nuestra ciudad volvió a ubicarse en el centro de la escena judicial nacional tras una contundente resolución firmada en las últimas horas. El Juzgado Federal de Campana dictó el sobreseimiento definitivo de 16 personas del círculo familiar y cercano de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, al igual que de seis empresas que habían quedado en la mira pública a raíz de una denuncia que carecía de sustento legal.

El expediente se originó inicialmente en Santiago del Estero, donde una fiscalía impulsó una causa por presunto lavado de activos y defraudación basada en un informe periodístico, argumentando supuestas facturaciones por servicios inexistentes a la entidad rectora del fútbol argentino. No obstante, el juez de origen desestimó el pedido y se declaró incompetente por cuestiones territoriales, ya que la AFA posee domicilio legal en Pilar, jurisdicción que corresponde directamente a la competencia de la Justicia Federal de Campana. Posteriormente, al no ser sostenida la apelación por la fiscalía de cámara en Tucumán, la acusación quedó sin impulso ni validez formal alguna.

Al asumir la causa, la sede judicial campanense llevó adelante un análisis patrimonial, contable, societario y bancario de notable profundidad sobre las personas y compañías bajo sospecha. La exhaustiva investigación local comprobó que no existió ninguna factura ficticia emitida hacia la AFA, que no se realizaron pagos irregulares, que no se detectaron bienes ocultos y que todas las transacciones financieras cumplían con los registros y exigencias de trazabilidad de la normativa vigente.

Frente a este escenario, el Dr. González Charvay, magistrado a cargo del tribunal de Campana, concluyó que los involucrados jamás debieron ser sometidos a proceso penal porque nunca se configuró una imputación legítima. Apoyándose en sólida doctrina de la Corte Suprema sobre preclusión y seguridad jurídica, la resolución estableció la desvinculación total de los acusados y de las sociedades involucradas, dejando formalmente asentado que la causa no afectó el buen nombre ni el honor del que gozaban, cerrando así de forma definitiva un expediente que encontró en nuestra ciudad el punto final a la controversia.