"La Justicia está fallando en contra de una reforma laboral esclavista impulsada por el gobierno de Javier Milei. Le está dando la razón a los trabajadores. Por eso, es fundamental acompañar este proceso con organización y presencia en la calle para ponerle un límite a este modelo y defender los derechos de las y los trabajadores. Celebramos esta decisión judicial, pero sabemos que la pelea continúa", señaló la legisladora.

La medida cautelar alcanza a un conjunto amplio de disposiciones que modificaban aspectos centrales del régimen laboral argentino, incluyendo la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, normas sobre jornada laboral, vacaciones, negociación colectiva y libertad sindical. Según el fallo, los cambios podrían implicar una regresión en derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales suscriptos por el país, como la protección del trabajo, la libertad sindical y el principio de progresividad de los derechos sociales.

En ese sentido, la diputada remarcó: "Son artículos inconstitucionales. No sólo desconocen nuestra Constitución, sino también convenios internacionales que garantizan derechos básicos de los trabajadores. Estamos hablando de medidas que pretendían naturalizar jornadas de más de 12 horas, limitar indemnizaciones o incluso condicionar algo tan básico como las vacaciones. Eso no puede ser constitucional. Es una lástima que tenga que ser la Justicia la que nos dé la razón y no los diputados y senadores que votaron en contra del pueblo".

Entre los puntos suspendidos se encuentran modificaciones al régimen de jornada laboral, que habilitaban esquemas más flexibles; cambios en las condiciones de despido y en el cálculo de indemnizaciones; y la creación de Fondos de Asistencia Laboral, un sistema alternativo que, según el juez, podría desproteger a los trabajadores y comprometer los recursos de la seguridad social. También quedaron en suspenso artículos vinculados al derecho de huelga, la negociación colectiva y el funcionamiento sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo y cambios en la competencia judicial en materia laboral. El juez sostuvo que la nueva normativa evidenciaba un posible deterioro en la protección de los trabajadores, lo que justificaba la intervención judicial preventiva.

Alonso advirtió que "en concreto, no se modificó nada sustancial de lo que esperábamos. Siguen avanzando en el desfinanciamiento de la ANSES a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), desviando aportes que deberían sostener el sistema previsional y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso no se tocó y tiene un impacto directo sobre la seguridad social. Lo que se ajustó son aspectos menores, pero el núcleo de la reforma sigue siendo profundamente nocivo. Además, se configura un escenario de mayor conflictividad e incertidumbre: con una ley vigente, el empleador va a ampararse en esa normativa y el trabajador va a tener que recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos. Eso no sólo traslada el conflicto, sino que profundiza la desigualdad, porque no todos están en condiciones de afrontar un proceso judicial".

Por último, la legisladora planteó que "todo esto impacta directamente en la vida cotidiana: el trabajo no puede organizarse a costa de la vida. El tiempo libre no es un lujo, es lo que permite cuidar a la familia, acceder a la salud, hacer deporte y tener una vida digna", y agregó: "en un contexto de avances tecnológicos, el desafío debería ser mejorar la calidad de vida, no retroceder un siglo. Buen salario, buen trabajo y una vida digna tienen que ser el horizonte".