La Secretaría de Transporte de la Nación ordenó la retención de más de $ 2.500 millones en subsidios destinados a 24 empresas de colectivos, luego de detectar severas irregularidades en el registro de viajes a través del sistema SUBE. El foco principal de este conflicto recae sobre el Grupo Metropol, empresa que mantiene el monopolio del transporte de pasajeros desde nuestra ciudad de Campana hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la denuncia original impulsada por cuatro cámaras del sector, la firma habría "inflado" sus números registrando trayectos largos para viajes que en realidad eran cortos, una maniobra que habría generado un perjuicio al Estado estimado en $ 30.000 millones durante el último año.
 

La investigación, ahora liderada por el secretario Fernando Herrmann, confirmó "desvíos estadísticos" significativos en comparación con la media de pasajeros transportados por distancia. De los 24 CUITs bajo la lupa oficial, los más comprometidos pertenecen al conglomerado de Metropol: las firmas Sargento Cabral, Metropol y COSA Vecinal. Solo a la operadora Sargento Cabral se le retuvieron montos que superan los $ 1.500 millones entre diciembre y enero pasados, consolidándose como la compañía con mayores inconsistencias detectadas en toda el Área Metropolitana.
 

Mientras las autoridades mantienen los fondos bajo llave hasta finalizar los peritajes técnicos, desde las empresas involucradas intentan justificar estas cifras apelando al cambio en el sistema de subsidios implementado en 2024. Argumentan que, al estar ahora el beneficio atado directamente a la demanda y no a los costos fijos, se ha vuelto vital la rigurosidad en el cobro de cada pasaje. Sin embargo, para los denunciantes y los organismos de control, estas "diferencias" no serían fallas administrativas, sino una estrategia deliberada para obtener una porción mayor de la caja estatal de subsidios, que hoy ronda los $ 200.000 millones mensuales.
 

Para los vecinos de Campana, usuarios cautivos de una prestación frecuentemente cuestionada por sus frecuencias y estado de unidades, esta novedad judicial y administrativa añade una nueva capa de desconfianza sobre el operador monopólico. La sospecha de que la empresa podría estar declarando recorridos inexistentes o falseando la distancia de los viajes impacta de lleno en la transparencia de un servicio público esencial. En un contexto donde el boleto tiende a subir y el aporte estatal se reduce, la fiscalización sobre estas "maniobras fraudulentas" resulta determinante para garantizar que los recursos públicos lleguen a donde realmente corresponde.