La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a poner bajo la lupa la situación de la libertad de expresión en Argentina, tras una audiencia realizada en la Universidad de Miami donde organizaciones como FOPEA, CELS y Amnistía Internacional alertaron sobre el avance de agresiones, hostigamiento y presiones judiciales contra trabajadores de prensa. Desde el Gobierno nacional rechazaron las denuncias y aseguraron que no existe un deterioro estructural.

La presentación encabezada por FOPEA —de la cual Campana Noticias es medio socio— expuso un crecimiento “sin precedentes” de ataques a periodistas: solo en 2024 se registraron 179 casos, pero en lo que va de 2025 el número trepó a 257, superando todos los registros históricos. El organismo remarcó que buena parte de estos hechos se generan desde ámbitos de poder político y que las prácticas de hostigamiento digital se intensificaron en el último año.

En su intervención, la presidenta de FOPEA, Paula Moreno, advirtió sobre un clima de confrontación alimentado desde las máximas autoridades nacionales, con discursos que incitan al desprecio hacia la prensa. La denuncia se complementó con testimonios de periodistas como Hugo Alconada Mon y Julia Mengolini, quienes detallaron campañas de odio, amenazas y persecuciones que apuntan a silenciar investigaciones o críticas.

Las organizaciones sindicales y de reporteros gráficos también alertaron sobre la violencia física en protestas, mencionando casos graves como el del fotógrafo Pablo Grillo. En paralelo, recordaron que el cierre de Télam y las modificaciones al acceso a la información pública restringen aún más el derecho ciudadano a informarse.

Desde el Estado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, negó cualquier política restrictiva y calificó los hechos denunciados como casos “aislados”. Sostuvo además que el Gobierno garantiza la actividad periodística y cuestionó la amplitud del reclamo presentado ante la CIDH.

La secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panszi, marcó una posición opuesta al considerar que las denuncias no son hechos aislados, sino parte de “una tendencia preocupante”. Tanto ella como el Relator Especial, Pedro Vaca, subrayaron la responsabilidad de los funcionarios en evitar discursos que aumenten los riesgos para la prensa.

La audiencia se desarrolló en un contexto donde no solo medios nacionales, sino también locales —incluidos periodistas de distintas ciudades del país— vienen sufriendo agresiones crecientes, en su mayoría vinculadas a disputas políticas. FOPEA y Poder Ciudadano solicitaron a la CIDH una misión especial al país, un informe profundo sobre la situación y medidas para resguardar el acceso a la información y la seguridad de los trabajadores de prensa.