El Gobierno Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, pidió apartar al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en el expediente donde el magistrado autorizó el trámite colectivo de un amparo que cuestiona un artículo del Decreto 681/2025, la norma con la que el Poder Ejecutivo suspendió la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La presentación oficial acusa al juez de “prejuzgamiento”, al considerar que su resolución del 5 de noviembre incluyó afirmaciones sobre el fondo del litigio. Según los abogados del Estado, González Charvay “dio por sentado que el decreto suspendió la ley”, algo que el Gobierno niega y que —sostienen— será materia de discusión en la causa.

La recusación quedó incorporada al expediente y ahora debe ser evaluada por la Cámara Federal correspondiente.

La decisión del Ejecutivo reactiva tensiones previas. En agosto, González Charvay ya había declarado inválido el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Meses después, el Senado insistió con la norma y la convirtió nuevamente en ley, obligando al Gobierno a promulgarla, aunque advirtiendo que su aplicación dependerá de que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias.

El Ejecutivo justificó esa decisión en el impacto fiscal estimado: casi $3,02 billones entre 2025 y 2026, sin que —según el Gobierno— el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.


El caso que llegó al juzgado de Campana

El conflicto volvió a radicarse en la sede judicial de nuestra ciudad cuando dos familias, representando a sus hijos menores, iniciaron un amparo colectivo para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto. Argumentan que la suspensión de la ley vulnera derechos y afecta la continuidad de prestaciones esenciales.

El 5 de noviembre, González Charvay rechazó un planteo del Ministerio de Salud que cuestionaba la legitimación de los padres y sostuvo que el caso ameritaba tramitar como acción colectiva, definiendo incluso el alcance del grupo afectado. Ese paso procesal fue interpretado por el Gobierno como un avance indebido sobre el fondo del asunto y motivó el pedido de recusación.

La decisión sobre si el juez campanense continúa o no al frente del caso será clave en el desarrollo del amparo, que se enmarca en una discusión nacional sobre financiamiento estatal, derechos de las personas con discapacidad y límites entre los poderes.

Mientras tanto, en Campana, el tema vuelve a instalar al Juzgado Federal local en el centro de un debate que excede lo jurídico y refleja la creciente tensión política en torno a la emergencia en discapacidad.