El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, ordenó la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos de un amparo colectivo contra el Decreto Nº 681/2025, que si bien promulgó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, suspendió su ejecución. La decisión del magistrado busca garantizar la plena vigencia de la norma y evitar que el Poder Ejecutivo demore su implementación bajo argumentos presupuestarios.

La causa fue iniciada por dos progenitores en representación de sus hijos con discapacidad, quienes plantearon la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 2° del decreto publicado el 22 de septiembre de 2025. Según su interpretación, la medida presidencial constituye una maniobra para dilatar la aplicación de la Ley 27.793, al supeditar su cumplimiento a la inclusión de partidas específicas en el Presupuesto Nacional.

Los demandantes sostienen que el decreto “implica una discriminación estructural y sistemática” por aplicar criterios presupuestarios diferenciales, lo que vulnera el principio de igualdad. Además, advierten que promulgar una ley pero suspender su ejecución constituye “un fraude constitucional” que atenta contra el sistema de frenos y contrapesos del régimen republicano.

El juez González Charvay dispuso que el trámite del expediente sea bajo proceso sumarísimo y requirió el informe previsto en el artículo 4° de la Ley 26.854. Asimismo, la acción busca que la resolución judicial tenga efectos expansivos para todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sus familias y cuidadores que reciben prestaciones en el marco de la Ley 24.901.

Desde Campana, la docente y referente local en materia de discapacidad Mónica Navarro celebró la medida judicial y explicó que “el gobierno, amparándose en el artículo 5° de la Ley 24.629, pretende dilatar la responsabilidad de ejecutar el presupuesto necesario para aplicar la ley de emergencia”. Navarro subrayó que, en los hechos, “se está evitando reintegrar lo que le corresponde a las personas con discapacidad”, y destacó que el fallo del juez campanense “obliga al Estado a liberar y destinar los recursos necesarios como establece la ley”.

La docente agregó que el decreto busca posponer la implementación efectiva de la norma hasta el presupuesto 2026, con el argumento de alcanzar el equilibrio fiscal. “En este caso la justicia de Campana jugó a favor del colectivo de las personas con discapacidad.”

Con la decisión del Juzgado Federal de Campana, la presión judicial sobre el Ejecutivo se intensifica, marcando un nuevo capítulo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en todo el país.