El gobierno nacional oficializó el envío al Congreso del decreto que establece el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplaba la recomposición del presupuesto de las universidades, la convocatoria a paritarias y la actualización de salarios de docentes y no docentes en función de la inflación.

La decisión provocó un inmediato rechazo en el ámbito académico y gremial. En Campana, donde funcionan dos universidades públicas –la UTN Facultad Regional Delta y la sede local de la UNLu–, el anuncio repercute de manera directa en la comunidad educativa y en cientos de estudiantes de la ciudad y la región.

Las federaciones docentes y no docentes resolvieron un paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo para este viernes 12 de septiembre. Al mismo tiempo, agrupaciones estudiantiles convocan a asambleas en distintas facultades para definir pasos a seguir. “Convocamos a los estudiantes, docentes, no docentes y a toda la población a abrazar la causa de la defensa de la universidad pública”, señalaron desde las organizaciones gremiales.

En paralelo, docentes de la Universidad de Buenos Aires realizaron más de 80 clases públicas en Plaza de Mayo como forma de protesta, y ya se planifica una marcha nacional para el día en que el Congreso trate el veto.

Las críticas se centran en la pérdida del poder adquisitivo del sector y en la falta de recursos para garantizar el normal funcionamiento de las universidades. Según denunciaron desde los gremios, desde el inicio de la actual gestión se produjo una pérdida salarial del 45% y más de 10.000 docentes renunciaron en todo el país.

El escenario anticipa jornadas de conflicto en el sistema universitario, con un fuerte impacto en ciudades como Campana, donde la universidad pública constituye un motor de formación, investigación y desarrollo social.