Quienes no se presenten a votar en las elecciones bonaerenses sin una justificación válida deberán afrontar una multa económica que, según la Ley Electoral provincial N.º 5.109, va de $50 a $500. La sanción alcanza a los ciudadanos empadronados de 18 a 70 años, y está contemplada en el artículo 137 de la normativa.

Más allá del monto —que hoy resulta simbólico y desactualizado—, la mayor preocupación pasa por las consecuencias administrativas que genera figurar en el Registro de Infractores al deber de votar. Allí quedan asentados quienes no cumplen con su obligación cívica y no presentan un descargo dentro del plazo legal.

Para los comicios del 7 de septiembre de 2025, los ciudadanos tendrán tiempo hasta el 6 de noviembre para justificar la ausencia. Entre las causas aceptadas se incluyen:

Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

Presentar un certificado médico que acredite la imposibilidad de concurrir.

Demostrar una causa de fuerza mayor con documentación respaldatoria.

Las gestiones deben realizarse ante la Junta Electoral, que también expide las constancias de pago en caso de corresponder.

La Ley 5.109 establece que lo recaudado se destine al fomento de la educación común en cada distrito, aunque en la práctica las cifras resultan menores por el carácter “irrisorio” de los montos.

En definitiva, lo que más preocupa a los ciudadanos no es tanto el valor de la multa sino las trabas administrativas que puede acarrear estar en el Registro de Infractores: desde dificultades para realizar gestiones oficiales hasta impedimentos para acceder a empleos públicos.