El presidente Javier Milei decidió vetar la ley que aprobaba el aumento a las jubilaciones mínimas, así como también la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Esta decisión generó un fuerte rechazo en distintos sectores de la sociedad, y la diputada provincial Soledad Alonso no tardó en manifestar su desacuerdo.

En sus declaraciones, Alonso calificó la medida como una "decisión profundamente ideológica", acusando al gobierno de tratar los derechos de los ciudadanos como "privilegios" y a los adultos mayores como "gasto". Para la legisladora, el veto revela un enfoque económico y político que margina a los sectores más vulnerables de la sociedad.

"El presidente sostiene que no hay dinero, pero la realidad es que el aumento aprobado por el Congreso no era desmesurado. Subir la jubilación mínima de $309.294,80 a $331.564,02, y actualizar el bono previsional congelado hace más de un año, era un alivio urgente para miles de jubilados", explicó Alonso. Según la diputada, el impacto fiscal representaba solo el 1,2% del PBI anual, un porcentaje que, según expertos como el CEPA, era manejable.

Alonso agregó que la decisión de Milei no refleja una preocupación por la estabilidad económica del país, sino una clara muestra de desinterés por el bienestar de los jubilados, un sector que, en muchos casos, lucha cada día por llegar a fin de mes. "El aumento no era un lujo, era una necesidad. En un contexto de pérdida constante del poder adquisitivo, muchos jubilados ya no pueden acceder ni a lo esencial, como medicamentos. Antes, tenían acceso gratuito a estos insumos, pero ahora deben decidir entre qué no comprar o qué dejar de comer para poder pagarlos", afirmó.

Además, la diputada subrayó que el proyecto vetado no carecía de fundamentos ni propuestas claras de financiamiento. "Se preveía la eliminación de exenciones impositivas para grandes empresas, la utilización de fondos de registros automotores y hasta el ahorro por la reducción de sobrecargos del préstamo con el FMI. Es decir, había alternativas para financiar este aumento sin que afectara gravemente a las finanzas públicas. Pero para los jubilados, no hay dinero", dijo Alonso.

La emergencia en discapacidad también fue parte de los vetos del presidente. El proyecto que se desechó proponía declarar la emergencia nacional en discapacidad y garantizar recursos hasta 2026 para las personas con discapacidad y las instituciones que las asisten. Alonso consideró este veto "alarmante", especialmente porque "el sector de las personas con discapacidad es históricamente vulnerado y necesita políticas de cuidado y asistencia continua".

Por otro lado, la moratoria previsional también fue rechazada, lo que dejará a miles de personas, en su mayoría mujeres, sin posibilidad de jubilarse, y condenándolas a vivir con la PUAM, una pensión de apenas el 80% de la mínima.

La diputada también destacó que la discusión ahora pasará al Congreso, donde se necesitarán dos tercios de apoyo en ambas Cámaras para insistir con la ley. Aunque en el Senado hubo una amplia mayoría, en la Cámara de Diputados los márgenes fueron mucho más estrechos. En este contexto, Alonso llamó a la sociedad a involucrarse en el proceso electoral, destacando que los jubilados y otros sectores vulnerables han luchado durante años por sus derechos, y "ese esfuerzo no puede ser en vano".

Por último, la legisladora recordó que el dinero destinado a los jubilados no es solo un gasto, sino una inversión que reactiva la economía. "Cada peso que recibe un jubilado va directamente a consumo, a medicamentos, alimentos o transporte. Este tipo de gasto contribuye a la economía desde abajo, algo que este gobierno parece no comprender", concluyó.

Alonso calificó el veto como un acto "político y ideológico", que, en su opinión, "castiga a los que menos tienen".